La 'ley Celaá' blindará la educación afectivo-sexual frente al veto parental
La modificación del decreto anunciado por el Gobierno regional en enero de 2020 para dar permanencia al 'pin' sigue paralizada
Más allá del ruido político y de los tiras y afloja del Gobierno regional para lograr el apoyo de Vox a los Presupuestos, el veto parental tiene pocos visos de ser una realidad efectiva y consolidada en las aulas de la Región a largo plazo. La 'ley Celaá', que entrará en vigor, en cuanto a los currículos se refiere, a partir de 2022, impondrá en los centros educativos la formación afectivo-sexual que el veto quiere evitar. Con la salvedad de que las clases serán impartidas por los docentes del centro, y no por personal ajeno. En concreto, en Primaria se propone que los alumnos conozcan, comprendan y respeten las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la no discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión o creencias y la discapacidad, entre otras cuestiones.
Aunque en ese caso no se tratará de actividades complementarias impartidas por personal ajeno al centro (como las que quiere vigilar Vox), la nueva ley impone la educación afectivo-social, y promueve «la enseñanza de educación para la salud, incluida la afectivo-sexual», desde Primaria. De esta manera, esas clases quedarán blindadas por ley ante cualquier intento de 'veto parental', como el que instauró en la Región el pasado curso el Ejecutivo regional por imposición de Vox.
Otros contenidos introducidos por la reforma son la igualdad de género (se impulsará el incremento de alumnas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y se promoverá la presencia de alumnado masculino en estudios con notoria mayor matrícula de mujeres), la defensa del planeta, y la historia de la democracia: los alumnos deberán adquirir un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España, que tendrá que «plantearse desde una perspectiva de género». El calendario de aplicación de la 'ley Celaá' establece que los nuevos currículos entrarán en vigor en el curso 2022-2023 para los cursos impares, y al siguiente para los pares.
La Consejería de Educación tampoco introdujo este año en sus instrucciones de principio de curso (como hizo el anterior) el conocido como veto parental, bajo el pretexto de que este año académico, en pandemia, no se realizarán actividades complementarias en los centros educativos.
No solo eso. El Gobierno regional mantiene paralizado, también con la crisis sanitaria como excusa, la modificación del Decreto de Currículo de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, con la que pretendía dar permanencia al veto parental, y evitar así que dependiera de las instrucciones del curso de turno. En plena refriega por el 'pin', en enero pasado, y tras semanas de agria polémica, enfrentamientos políticos y protestas, el Gobierno regional anunció en enero de 2020 su intención de consolidar normativamente y dar permanencia al veto, aunque suavizando las condiciones. Así, la Comunidad anunció que modificaría el Decreto de Currículo de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato para dotar de permanencia a la autorización expresa de los padres.
La modificación, redactada por la Consejería, suavizaba el veto, y establecía que las actividades complementarias que fueran impartidas por funcionarios (médicos, jueces, policías...) no serían consultadas a los padres ni podrían ser objeto de 'pin parental'. Además, introducía el 'silencio positivo', lo que significa que solo los alumnos que llevaran la negativa expresa de sus padres quedarían fuera de las actividades.
Aquella modificación, que hubiera permitido al Gobierno regional fijar el veto, no pasó del anuncio. La normativa llegó al período de exposición pública, y ahí quedó paralizada, según confirmó ayer la Consejería. A causa, explicaron ayer, de la pandemia. «No solo esa modificación, sino todos los trámites que había en marcha», puntualizaron. En cualquier caso, el trámite no ha sido retomado.
Instrucción en vigor
Sí está sin derogar en cambio la primera instrucción que introdujo el 'pin' en mayo de 2018, y que establecía que «el centro deberá informar previamente a las familias de la realización de actividades de este tipo, así como de su contenido y de la persona que llevará a cabo con la suficiente antelación que permita a padres y madres manifestar, en su caso, su disconformidad con la participación de sus hijos e hijas». El PSOE pedirá hoy que se derogue, porque entiende que no tiene fecha y se puede reactivar para implantar el veto.
Entre tanto, el TSJ de Murcia archivó el recurso presentado por el Ministerio contra el veto, por «pérdida sobrevenida de objeto», al haber concluido el curso.
El pacto reabre la herida en la comunidad educativa, que se siente «moneda de cambio»
En mitad de un curso semipresencial, durante el que los alumnos tienen que turnarse para ir a clase y los centros educativos están sometidos a una intensa presión por las restricciones y riesgos de la pandemia, la vuelta a escena del veto parental ha indignado a la comunidad educativa, que se siente «moneda de cambio política», coincidían ayer padres, profesores y sindicatos. Para la FAPA, «el debate educativo no está centrado en los verdaderos problemas que afectan a las familias y a los menores; se está desviando la atención a los aspectos que interesan a la extrema derecha y no a lo que verdaderamente importa».
También Concapa reprochó ayer el uso de la educación como «moneda de cambio», y CC OO lamentó que el Gobierno regional «se pliegue a los postulados antidemocráticos de la extrema derecha». UGT lamentó las trabas a la educación afectivo-sexual de los estudiantes, y Anpe criticó que las necesidades de los centros, las familias y los docentes no se centran en el veto parental.
FUENTE: LA VERDAD
ENLACE A NOTICIAhttps://www.laverdad.es/murcia/celaa-blindara-educacion-20210310002735-ntvo.html
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