DESMITIENDO BULOS SOBRE CLASES PASIVAS

                         

DE NUEVO LAS MENTIRAS Y LA PROPAGACIÓN DEL MIEDO SOBRE UNA FICTICIA SUPRESIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS  Como ya nos tienen habituados durante la pandemia provocada por el covid-19, los sindicatos de la extrema derecha junto con el partido al que se han hecho afines lanzan de nuevo una campaña que no tiene otra finalidad que alarmar a los funcionarios acogidos al régimen de clases pasivas, ya que intentos anteriores han resultado infructuosos y no han conseguido preocupar al personal acogido al régimen de clases pasivas del Estado. Publican en los medios de comunicación, de su mismo espectro ideológico, la falsa noticia de que el Presidente Sánchez ha ordenado desmantelar el próximo mes de octubre el sistema propio de las pensiones de 900.000 funcionarios. Desmantelamiento y recorte de derechos son los calificativos   empleados. No puede haber mayor manipulación y desinformación.  Como ya publicó FeSP-UGT el 25 de abril de 2020 en su página web, con ocasión de noticias similares de los mismos autores, y como acaba de desmentir, una vez más, el Gobierno el 17 de agosto de 2020, tal noticia no es más que la recuperación de un BULO que viene divulgándose desde hace meses con escaso éxito, cuyo origen está en la tergiversación interesada de la decisión gubernamental adoptada al comienzo del año de concentrar en un solo departamento ministerial la competencia sobre el reconocimiento de pensiones de los distintos regímenes de la Seguridad Social (hecho verídico) añadiendo el embuste de que la integración se haría modificando los derechos de los afectados (hecho falso). Los autores callan sobre el hecho de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es ya competente para el reconocimiento de las pensiones del Régimen General de la Seguridad Social, al que están acogidos desde la reforma de la función pública operada en la década de los ochenta del siglo pasado, los funcionarios públicos de las Comunidades Autónomas (cerca de 850.000) y los funcionarios públicos de la Administración Local (cerca de 200.000) sin que los que ahora se “rasgan las vestiduras” hubieran denunciado esas reformas, ni se hubiera evidenciado perjuicio alguno a los afectados en su sistema de protección social.. Pero, es que a diferencia de esos casos en que se realizó un cambio en el régimen de Seguridad Social de afiliación, la asignación de la competencia al citado Ministerio se hace sin modificar el régimen de clases pasivas que dispone de una ley reguladora específica que se mantiene inalterable y plenamente en vigor, y sin modificar, en consecuencia, precepto alguno relativo a los derechos, requisitos y condiciones de la pensión (norma que no es otra que el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril). Como resulta evidente a través de un mínimo contraste de la información, no hay propuesta gubernamental alguna en trámite parlamentario que pudiera prosperar ¡nada menos! que en el ya próximo mes de octubre que supusiera el cúmulo de perjuicios que los creadores del bulo se inventan. Y no sobra recordar –a la vista del objetivo de desinformar de los responsables del bulo- que la regulación del régimen especial de los funcionarios civiles y militares, como determina la misma Ley General de la Seguridad Social, debe ser objeto de regulación mediante ley, lo cual significa que el supuesto desmantelamiento y recorte de derechos debe ser ordenado por una ley, norma que sólo existe en la visión distorsionada de los hechos que inspira el bulo. Es decir, que además del reconocimiento de las pensiones del Régimen General y de los restantes regímenes especiales que ya reconocía ese departamento, como las pensiones de los trabajadores por cuenta propia o los trabajadores del mar o las prestaciones de los estudiantes, se incluirá entre sus atribuciones el reconocimiento de los derechos pasivos de los funcionarios civiles y militares, manteniendo, como hasta ahora, cada régimen sus singularidades propias. Entre las singularidades de los funcionarios se encuentra que la regulación y reconocimiento de otras prestaciones distintas a las de derechos pasivos, se encuentra reconocida en otras leyes especiales, que han dado cobertura a la acción protectora de otras entidades mutualistas como son MUFACE (para el ámbito de los funcionarios civiles) MUGEJU (para los funcionarios judiciales) e ISFAS (para los funcionarios militares). Estas mutualidades mantendrán las competencias que las distintas normas establecen, sin modificación alguna sobre la situación actual. Para mayor desinformación si cabe, esta falsa noticia pasa por alto que desde 2011 ningún nuevo funcionario se incorpora a clases pasivas, sin que tal decisión hubiera provocado en los autores del bulo una crisis existencial. Los funcionarios públicos estatales de nuevo ingreso han quedado afiliados desde ese año al régimen general subsistiendo sin problemas, por ejemplo, MUFACE. Esta mutualidad ha seguido ejerciendo sus competencias sin alteración alguna por el hecho de que se hubiera producido el traspaso de competencias de un Ministerio a otro en materia de derechos pasivos. MUFACE tiene, por tanto, mutualistas tanto del Régimen General de la Seguridad Social como de los funcionarios acogidos antes de 2011 al sistema de “Clases Pasivas” En conclusión, lo único que va a operar en octubre del presente año es la asunción de las competencias sobre el reconocimiento de las pensiones de clases pasivas por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que antes tenía otro departamento (el de Hacienda). UGT no se va a dedicar a desmentir noticias que se publican en un periódico y que afectan al Gobierno de turno pero sí va a informar a los trabajadores sobre las informaciones mal intencionadas, en las que se trata de engañarles y generarles inquietud ante reformas inexistentes. Esta sí es una obligación de un sindicato de clase que trata con seriedad los temas que conciernen a los empleados públicos. Y así, nuestra preocupación sobre esta reorganización de competencias, es que se produzca un traspaso ordenado y con garantías de los funcionarios destinados en las dependencias administrativas.   Lo que hacen esas organizaciones y esos medios es propagar bulos con    noticias que no merecen ser ni siquiera “serpientes o culebrones de verano". SEGUIREMOS INFORMANDO FUENTE: FESP-UGT MADRID